Los designios de las puertas giratorias


Olga Rodríguez   01/07/2014

 Un policía egipcio se dispone a disparar un bote de gases lacrimógenos contra unos manifestantes (EFE archivo)
Un policía egipcio se dispone a disparar un bote de gases lacrimógenos contra unos manifestantes (EFE archivo)

Este último año España ha exportado armamento por valor de 3.907 millones de euros, una cifra que duplica la cantidad del año 2012. El ministro de Defensa Pedro Morenés hace méritos. No es para menos. Es el mismo que antes de ocupar su puesto actual ejerció como consejero de una empresa que vendía bombas de racimo a países como Libia (Instalaza S.A). Antes de eso, también ocupó el cargo de director ejecutivo en España de la empresa MBDA, que diseña, fabrica y vende misiles. Y es el mismo que desde 2011, ya como ministro, desea vender 250 carros de combate Leopard a Arabia Saudí, esa monarquía absolutista que reprime con las armas a los manifestantes no solo de su territorio, sino de países vecinos como Bahréin.



Este último año más de un tercio de las exportaciones de armas se ha realizado a países de Oriente Medio, donde se ha registrado un dramático aumento de la represión como respuesta a las revueltas populares de 2011. Diversas organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por el crecimiento de la venta de armas españolas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos -amigos del ex rey Juan Carlos-, no solo por las graves violaciones de los derechos humanos existentes allí, sino por el apoyo que dan a algunos grupos insurgentes en el escenario sirio.

Egipto ha sido otro de los receptores de armamento. Sí, el mismo Egipto que reprime a manifestantes -cientos han muerto en las calles en los últimos meses, miles han resultado heridos- y encarcela a opositores políticos y activistas. España ha donado a Egipto cartuchos lacrimógenos para la policía, un tipo de arma que emplea para castigar todo tipo de protesta pacífica. Además vendió diverso material de ‘defensa’, como piezas para vehículos blindados y pistolas.

En una de esas protestas participó recientemente la abogada y activista socialista Mahienour El Massry, a quien tengo el gusto de conocer. Su presencia en una manifestación fue más que suficiente para que las autoridades egipcias la hayan condenado a dos años de cárcel. Ya ha iniciado el cumplimiento de su pena. Otros conocidos activistas, como el bloguero Alaa, han sido condenados a quince años de prisión. Su hermana pequeña, Sanaa, defensora a ultranza de los derechos humanos, fue arrestada hace unos días por exigir la puesta en libertad de Alaa. Ahora ella y otras 23 personas permanecerán 75 días encerradas, a la espera de la celebración de un juicio.

El Gobierno de Rajoy está contribuyendo a militarizar aún más Oriente Medio, con transacciones ajenas al respeto de los derechos humanos y de la paz y, por lo tanto, a la seguridad colectiva a largo plazo. Como destacaba hace unos días Amnistía Internacional, el Gobierno «está jugando con fuego». No se podía esperar otra cosa de un ministro que antes de llegar a ocupar la cartera de Defensa fue un ejecutivo en la industria de los negocios armamentísticos. Como se ve, los designios de las puertas giratorias no son inescrutables.

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